Manifiesto contra ley ‘antidescargas’ anunciada desde ayer por Gobierno

Más de 11.000 usuarios de Facebook y cerca de 100.000 webs ya han  apoyado el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en  internet y en contra de las modificaciones que propone el  anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, publicado ayer.

Según explicó la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, la  nueva norma permitirá el bloqueo de páginas web previamente  denunciadas: “La Comisión sólo actuará por petición expresa de una parte; es decir, si alguien denuncia que una página web está  traficando, difundiendo sin permiso, sin licencia, sin remuneración  con contenidos de obras ajenas, en ese momento actuará”. El manifiesto reclama que no puedan situarse los derechos de autor  por encima de los derechos fundamentales y que la suspensión de esos  derechos sea y siga siendo competencia exclusiva de los jueces. 

Advierte también de que la nueva legislación creará inseguridad jurídica en el sector tecnológico español y considera que amenaza a los nuevos creadores “y entorpece la creación”, al tiempo que reclaman que “internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas”.

Desde la oposición, el vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, acusó al Gobierno de “tirar por la ventana la protección de las garantías y derechos civiles” con esta norma que, según dijo, supone la creación de una “policía cultural” e impone “la censura”.

Del otro lado, el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, considera “insuficientes” y “un primer paso” estas medidas antipiratería, porque no tienen en cuenta a los usuarios particulares. Descarta que “vayan a provocar un descenso apreciable de la piratería” en España.

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE INTERNET

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.