Carmen Planelles (Efe) | Madrid

La escritora Lucía Etxebarría acaba de denunciar en un artículo que alguien que utiliza su nombre «ha colgado su perfil en Twitter y va relatando los avatares de su (mi) vida». Casos como éste, de suplantación de personalidad, proliferan al amparo de la falta de protección de la identidad en las redes sociales.

Personajes populares como el presidente del PP, Mariano Rajoy; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; o el humorista José Mota han visto circular por las redes sociales falsos perfiles con su identidad, creados a veces por enemigos, en el caso de los políticos, o por gente que persigue un beneficio económico, en el de Mota.

Además de ésta, hay otra forma de suplantación, explica el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, que consiste en apoderarse del perfil de una persona y meter en ella información que la pueda comprometer.

La experiencia de Domingo es que este tipo de conductas se dan «entre personas del mismo entorno. Entre la gente joven, el objetivo es hacer una gracia o una burla, y en el caso de los adultos, hay muchos novios o novias despechados que quieren poner a su ex pareja en situaciones violentas o incómodas«. Para evitarlo, recomienda utilizar claves seguras con dígitos y letras y huir de las contraseñas sencillas.

La suplantación de personalidad es uno de los riesgos de las redes sociales, según un estudio del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y de la Agencia de Protección de Datos (AEPD). Estas redes agrupan en España a ocho millones de personas, y el 44,4% de los internautas las utilizan.

Objetivo: causar daño

La empresa de seguridad informática Recovery Labs aseguraba en un estudio publicado el 28 de mayo, que en 2008 una de cada tres solicitudes de peritaje (33,3%) estuvo relacionada con los robos de identidad en cuentas de correo, programas de mensajería instantáneo y redes sociales. Un porcentaje que tan sólo un año antes fue del 5%.

Las redes -afirma Juan Martos, responsable de peritaje informático de la citada empresa- se están convirtiendo en el medio «idóneo» para estas prácticas, porque sólo con el nombre y la contraseña del usuario se puede acceder a información confidencial. «Su principal objetivo -asegura- es la ‘venganza emocional'».

En lo que va de año, la Agencia Española de Protección de Datos ha recibido 23 denuncias relacionadas con redes sociales, 22 referidas a la difusión de imágenes o documentos con datos de terceros sin su consentimiento y una por suplantación de personalidad, presentada por un docente.

«En la vida real, la suplantación de identidad es una conducta ilícita y perseguible civilm e incluso, penalmente. ,Y en Internet, con más motivo, porque desde el anonimato de la red se pueden provocar perjuicios más gravosos para los ciudadanos», explica el director de la AEPD, Artemi Rallo, quien se muestra partidario de que las redes arbitren mecanismos adicionales para evitar estos fenómenos.

Icaro Moyano, portavoz de Tuenti, responde que no pueden contrastar los datos de alta en Tuenti porque «no somos agentes verificadores de identidades», y asegura que «la mejor manera de comprobar suplantaciones de identidad es dando herramientas eficaces de denuncia para los usuarios». Con la denuncia, añade, pedimos una comprobación de identidad a través del DNI y «si se confirma la suplantación se borra la cuenta».

¿Es delito?

El abogado especialista en Nuevas Tecnologías Pablo F. Burgueño, explica que la suplantación de personalidad únicamente es delito si se usurpa el estado civil de otro (nombre, apellidos, domicilio, situación civil en la sociedad…). En ese caso la pena de prisión es de seis meses a tres años, según el articulo 401 del Código Penal. Si lo que se hace es crear un perfil con datos falsos, la conducta no puede ser considerada delictiva.

Entrar en una cuenta o perfil de otra persona sí puede comportar graves consecuencias jurídicas pues se puede estar cometiendo un delito de lesión de privacidad. Y si se hace pasar por el verdadero titular de la misma estará cometiendo un delito de usurpación de estado civil, concluye.