Las asociaciones de telespectadores y consumidores de medios audiovisuales integradas en iCmedia, han manifestado su opinión acerca la modificación de la Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, en los apartados 2 y 5, referidos a la protección del menor. Las asociaciones creen que algunos cambios son positivos, mientras que otros son un retroceso respecto a lo conseguido en 2010.
La nueva propuesta de ley obliga a que el indicador visual de contenidos que “puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral del menor” permanezca a lo largo de toda su emisión. Esto puede considerarse una pequeña mejora. No obstante, es casi un retroceso, puesto que el actual redactado omite la expresa prohibición, que sí hacía la Ley anterior, de emitir en abierto programas que incluyan “escenas de pornografía o violencia gratuita”.
En esta línea, las asociaciones exigen una mayor concreción a la hora de hablar de “contenidos dirigidos específicamente a adultos”. Esta expresión se menciona, precisamente, para introducir el control parental, pero en ningún momento se define ni se diferencia de otras semejantes como “contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores” o “aquellos otros contenidos que puedan resultar perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores”.
Las asociaciones también consideran que los legisladores juegan ambiguamente con otros términos, ya que en varios momentos se habla de introducir “sistemas de control parental” (artículo 2 y 5) para frenar el acceso del menor a contenidos perjudiciales. Sin duda, este recurso para padres y educadores, que las asociaciones llevan años pidiendo, sería un logro. Sin embargo, la Ley sólo lo aplica a emisiones televisivas de “acceso condicional” o “mediante catálogo de programas”. Ambas expresiones no se concretan en ningún momento. Por eso, el usuario desconoce si, entonces, el control parental sólo será posible en televisiones de pago, lo que parece lo más probable, o bien podrá hacerse extensible a las emisiones en abierto. Ateleus ve tal ambigüedad como una forma de esquivar la ley.
Por todo esto, las Asociaciones de Consumidores reclaman un redactado claro, una postura no ambigua y una mayor y clara defensa del menor.