Transcurrido ya más de un año desde la entrada en vigor de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) y a la espera de la puesta en marcha del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), el panorama audiovisual actual se caracteriza por una cierta anomia que es aprovechada por algunos operadores –perjudicando de paso la imagen global del sector– para avanzar posiciones en materia de emisión de contenidos que, a pesar de su aparente consumo masivo, generan un rechazo general por parte de la opinión pública.

De la generalidad de este rechazo a lo que se suele llamar “telebasura” no caben dudas. Porque frente al argumento de la audiencia que acumulan determinados tipos de programas, cabe señalar que todas las organizaciones sociales implicadas en la defensa de los derechos de los menores y de los consumidores, sin excepción, han ratificado su rechazo a la emisión sin control de contenidos ofensivos o perjudiciales para los menores. Es preciso recordar, a este respecto, que en la OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales) están representadas desde las organizaciones de consumidores, hasta las de padres, centrales sindicales, organizaciones no gubernamentales, etc. incluidas Save the Children, Unicef, Protégeles, Defensor del menor de la Comunidad de Madrid, iCmedia, ATEA, (Asociación de Telespectadores de Andalucía), TAC (Asociación de Usuarios de Medios Audiovisuales de Cataluña), ATRA (Asociación de Telespectadores y Radioyentes de Aragón) , Concapa, UGT, CC.OO., etc. En este entorno, los telespectadores dejamos de ser solamente usuarios y consumidores pasivos para actuar como ciudadanos que exigen sus derechos también en el ámbito audiovisual.

Por otra parte, es imprescindible continuar insistiendo en una obviedad que en ocasiones tiende a olvidarse. La regulación vigente en España en materia de protección de menores frente a los contenidos audiovisuales no es propia y exclusiva de nuestro país. Por lo que se refiere a este aspecto concreto, la Ley General de la Comunicación Audiovisual se limita a trasladar, con algunas modificaciones no sustanciales la regulación europea que, a su vez, ha permanecido sustancialmente inalterada desde la Directiva de Televisión sin Fronteras de 1989 y que está vigente en la actualidad en todos los países miembros de la UE.

Junto con este recordatorio, también resulta imprescindible no perder de vista que el sector audiovisual se encuentra en plena transformación. Del universo analógico, caracterizado por la existencia de una oferta limitada de canales (con la excepción de los hogares de pago suscritos a plataformas multicanal), hemos pasado en apenas cuatro años a la televisión digital accesible al 100% de los hogares y a la multiplicación de la oferta de contenidos en todos los ámbitos de difusión (nacional, autonómico y local).

Las normas sobre calificación y programación de contenidos por grupos de edad han tenido desde su origen como objetivo guiar los procesos de decisión de padres, educadores y usuarios en materia de consumos audiovisuales. La necesidad que tienen los usuarios de disponer de información y ayuda para la elección se multiplica también con la televisión digital y el escenario de sobreabundancia de contenidos que este propicia. Sin embargo, observamos que en lugar de producirse una mejora en el tipo y calidad de la información y herramientas de elección y control en manos de los usuarios, lo que aparece es un aumento de la confusión e indefensión de estos frente a la avalancha indiscriminada de contenidos y servicios.

Por ejemplo, la LGCA establece la obligación de todos los operadores de informar sobre los contenidos de la programación a través de Guías Electrónicas de Programación, obligación que se cumple solo de manera parcial. La LGCA determina, además, la obligación de poner en marcha sistemas de control parental, lo que aparentemente ni siquiera está en la agenda de la mayoría de operadores, excepto para servicios de pago.

Y todo ello, además, en un momento tecnológico en el que, apenas consumado el “encendido digital”, nos enfrentamos ya a una nueva generación de servicios audiovisuales accesibles a través de los nuevos receptores de televisión híbrida, verdadera ventana abierta a la combinación de televisión e internet. En este contexto, todo lo que no se haga ahora por reclamar y proteger los derechos de los menores y nuestro propio derecho a elegir en libertad y de manera informada, facilitará la consolidación de inercias y prácticas que harán inviable una protección efectiva en el nuevo entorno de televisión híbrida.

Resulta imprescindible, en este contexto, lograr un acuerdo básico entre los principales partidos del arco parlamentario en relación con el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, organismo al que la LGCA traslada no sólo las misiones de vigilancia, control y sanción, sino también otras igualmente fundamentales de impulso y desarrollo normativo. Organismos de este tipo existen en toda la Unión Europea. En unos casos las competencias en el ámbito audiovisual se integran con las funciones encomendadas en el sector de las telecomunicaciones, como es el caso de Ofcom, en el Reino Unido. En otros casos, como el CSA francés, se trata de una autoridad independiente para el audiovisual.

Posiblemente hay pocos temas en los que se haya logrado concitar mayor número de voluntades y apoyos que este de la puesta en marcha de los mecanismos que garanticen la aplicación de la legislación vigente en el ámbito audiovisual. No se entiende bien, en este sentido, el frontal rechazo del Partido Popular a la constitución de un organismo cuyas funciones y misión serán exactamente las mismas que hasta ahora tenía encomendadas directamente la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. La traslación a organismos independientes de funciones que afectan a medios de comunicación y que pueden tocar por tanto a la propia libertad de expresión, tiene precisamente como objetivo apartar lo más posible de la esfera gubernamental, la tentación de utilizar sus competencias en el ámbito audiovisual como fuente de regalías o amedrentamientos.

Desde esta perspectiva, los ciudadanos activos en el ámbito de la defensa de los derechos audiovisuales y representados en la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios, iCmedia, en la que se integran 17 asociaciones provinciales y autonómicas, reclamamos un consenso parlamentario que permita garantizar nuestros derechos a elegir de manera informada los contenidos que deseamos consumir, a participar en el ecosistema mediático y a proteger de manera especial los derechos de los menores frente a contenidos que pueden perjudicarles.

Autor: Carmen Fuente Cobo. Profesora de Ética de la Comunicación en el CES Villanueva. Vicepresidenta de iCmedia