Los usuarios de Facebook deberán elegir con quién comparten cada vez que publiquen

Efe | Madrid

Facebook ha informado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de que en los próximos meses implantará un sistema que permitirá a los usuarios seleccionar con quién comparten la información cada vez que la publiquen.

Cada vez que publiquen información (gráfica o de texto), los clientes de la red social estarán obligados a seleccionar entre los diferentes grados de privacidad que se ofrecen, y que van desde una publicidad total de la información a la posibilidad de compartirla únicamente con la red de contactos seleccionada del usuario.

Además, Facebook obligará a todos sus usuarios a revisar y actualizar sus configuraciones de privacidad, informa un comunicado de la AEPD.

Facebook ha comunicado todas estas novedades al director de la AEPD, Artemi Rallo, en una reunión mantenida dentro de la ronda de contactos que el responsable de la Agencia está manteniendo con los representantes de las principales redes sociales para mejorar sus políticas de privacidad y adaptarlas a la legislación española de protección de datos.

De 13 a 14 años

En la reunión, el director de la AEPD ha pedido a Facebook que eleve a 14 años la edad mínima permitida para ser usuario de esta red social, añade el comunicado.

En la actualidad Facebook tiene establecida la edad mínima a partir de la cual los menores pueden ser usuarios de la red social en 13 años, conforme a la legislación estadounidense, mientras que en España la edad mínima para que los menores puedan compartir información mediante este tipo de servicios es de 14 años.

Al respecto, Facebook ha dicho que «considerará» la posibilidad de incrementar el límite de edad en nuestro país.

La AEPD ha valorado positivamente la disposición de Facebook y ha emplazado a la compañía a continuar trabajando al objeto de mejorar las políticas de privacidad, así como los sistemas que ofrecen a los usuarios para salvaguardar su privacidad, y minimizar los riesgos para la privacidad y los derechos de los usuarios.

 

El sector reclama una Ley General Audiovisual

Carmen de Andrés. Coordinadora de Comunicación del Grupo Educativo COAS. Colaboradora de Ateleus. (Sontushijos.org, 4-5-09)

¿Qué es lo más destacado de la Ley? ¿Qué beneficios reportará al sector audiovisual?

El presidente del Gobierno comenzó la legislatura señalándola como una prioridad, pero un año después la reclamada Ley General Audiovisual sigue sin tener una fecha a la vista para su aprobación. Desde el mismo Ejecutivo se quería bendecir en Consejo de Ministros en los primeros meses de legislatura. Sin embargo, no ha sido así.

La ralentización de este proceso ha sido, de hecho, la razón por la que el pasado 20 de febrero se aprobara, en forma de Real Decreto de ley de medidas urgentes, la liberalización del sector televisivo, que entre otras medidas elimina la imposibilidad de que un operador poseyera más de un 5% de una cadena competidora, pero lo supedita a que la audiencia media acumulada entre las cadenas fusionadas no rebase el 27%.

¿Qué es lo más destacado de esta ley? ¿Por qué la reclama tanto el sector? En este artículo intento contestar a lo más destacado:

Se creará un Consejo del Audiovisual

La ley creará el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Esta alta autoridad tendrá, entre otras funciones, la obligación de velar por la transparencia empresarial de los operadores, hacer respetar los compromisos de programación (incluidos los contenidos destinados al público infantil), los límites publicitarios o las inversiones en cine.

Prácticamente todos los países de la UE tienen organismos de estas características y el Consejo de Europa ha instado a que se pongan en marcha en todos los países.

Dará luz verde a la concentración empresarial

Los grandes grupos televisivos están muy interesados en eliminar el tope accionarial que impide estar en dos cadenas de televisión distintas. Si se elimina esta limitación, una misma compañía podrá participar de forma significativa en dos televisiones nacionales.

Esta supresión supondría, de hecho, un cambio de estrategia global: pasar de una legislación que apuesta por la pluralidad a otra que favorecerá la concentración del sector.

Los accionistas de las grandes cadenas privadas consideran que el Gobierno debe permitir la concentración empresarial para asegurar la supervivencia del negocio.

Permitirá la venta y arrendamiento de canales

Un paso más a la liberalización es la posibilidad de que las empresas propietarias de licencias puedan vender o arrendar sus canales a otros grupos. Pero si se abre la mano para estas prácticas empresariales, habrá limitaciones para evitar abusos. Se dejará entrar a empresas extranjeras siempre que en su país de origen una empresa española tenga las mismas opciones empresariales. En segundo lugar, no se podrá arrendar o vender más de la mitad de la capacidad del múltiplex digital (compuesto por cuatro o cinco canales analógicos).

Si algún operador superara ese límite, perdería la posibilidad de renovar la licencia. Este control será ejercido por el ya mencionado Consejo Audiovisual. De esta manera el Gobierno pretende dar salidas económicas a los operadores que no tengan contenidos para los cuatro canales que empezarán a explotar a partir de 2010.

Contemplará la televisión portátil

La Ley del Audiovisual regulará la televisión en movilidad (para teléfonos móviles, coches, trenes, etc.).

Reforma de la televisión pública

La nueva Ley definirá los contenidos de las televisiones públicas y las privadas. El sector reclama y lo podría recoger la futura ley de lo audiovisual, que los contenidos, estrategias de programación y parrillas de la televisión pública se limiten al concepto de «servicio público», dejando para las privadas el entretenimiento en exclusiva.

Con la nueva ley audiovisual, la televisión pasa de ser un «servicio público esencial» a un servicio de interés general. Esto implica, básicamente, que se amplía el campo de actuación de los operadores de televisión, antes restringido a lo que dispusieran los pliegos de concesión, al tiempo que se limita la intromisión de las autoridades regulatorias. Además, también se alarga el tiempo de explotación que pasa de 10 a 15 años.

Se reducirá o eliminará la publicidad

Las televisiones privadas quieren forzar al Gobierno a una “progresiva y rápida reducción de la publicidad en los canales públicos de televisión, hasta su total desaparición”.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2009 ya contemplan que RTVE reduzca 60 segundos de publicidad por cada hora de emisión, hasta quedarse en 10 minutos por hora, y ya ha anunciado otro minuto adicional para 2010, con lo cual RTVE tendrá dos minutos menos por hora que las televisiones privadas.

Entre RTVE y las cadenas autonómicas ingresan 1000 millones de euros al año por publicidad al año, que irían a parar a las televisiones privadas.

Se definirá el modelo de financiación

Para dar respuesta a todas las incógnitas la nueva Ley afrontará el modelo de financiación de la televisión pública. Una de las alternativas puestas sobre la mesa para «pagar» RTVE y los entes autonómicos es la fórmula diseñada en Francia por Nicolas Sarkozy, que pasa por financiar la televisión pública con una tasa sobre los beneficios de las privadas.

Las cuentas del sector privado se lo podrían permitir porque se suponen que ingresarán más al repartirse la tarta publicitaria que hoy se va a las cadenas públicas. A diferencia de los modelos imperantes en Europa, el Gobierno no quiere implantar un canon para sufragar los gastos de las corporaciones públicas, aunque no descarta que puedan utilizar otras fórmulas como el patrocinio.